📰 Tecnologías de alto costo y conflictos de interés: ¿Quién decide qué medicina vale la pena?

 📰 Tecnologías de alto costo y conflictos de interés: ¿Quién decide qué medicina vale la pena?

INS publica proyecto de directiva para evaluar tratamientos en enfermedades raras, con exigencias inéditas de transparencia

Por Iván Oré

En el marco del proyecto de Directiva Sanitaria publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha incluido un formulario exhaustivo de declaración de intereses que busca blindar el proceso de evaluación multicriterio (ETS-EMC) frente a posibles conflictos éticos, financieros o corporativos. Esta medida, inédita en su alcance, obliga a los participantes a revelar vínculos que podrían comprometer la objetividad del análisis sobre tecnologías sanitarias de alto costo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha dispuesto la publicación del proyecto de Resolución que aprueba la Directiva Sanitaria titulada “Metodología para la evaluación multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas”. La propuesta, oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000128-2025-INS/PE, incluye un componente clave: la exigencia de declarar intereses privados de quienes participan en el proceso de evaluación.

🧭 ¿Qué está en juego?

Las enfermedades raras o huérfanas afectan a miles de personas en el Perú, muchas de ellas sin acceso a tratamientos adecuados. Las tecnologías sanitarias que podrían mejorar su calidad de vida suelen tener costos elevados y escasa evidencia clínica. Por ello, el Estado debe decidir con rigor qué terapias financiar, qué medicamentos incorporar y qué dispositivos aprobar.

Pero en ese proceso, ¿quién garantiza que las decisiones no estén influenciadas por intereses privados?

📄 Declaración de intereses: una medida contra la captura corporativa

El proyecto de directiva incluye un formulario obligatorio de “Declaración de intereses y compromiso de confidencialidad” para todos los participantes en la Evaluación Multicriterio (ETS-EMC). Este documento exige revelar vínculos con empresas farmacéuticas, consultorías, financiamiento de investigaciones, propiedad intelectual, inversiones y hasta relaciones familiares que puedan influir en la evaluación de una tecnología específica.

Entre los aspectos que deben declararse:

• Empleo o consultoría con entidades comerciales
• Honorarios por conferencias o asesorías técnicas
• Financiamiento directo o indirecto para investigaciones, capacitaciones o congresos
• Participación accionaria o societaria en empresas del sector
• Patentes, marcas o derechos de autor vinculados a la tecnología evaluada

La información será valorada por la institución evaluadora, que podrá excluir al participante si se detecta un riesgo de conflicto de interés.

💊 ¿Cómo se compran voluntades?

Aunque el formulario no lo dice explícitamente, el trasfondo es claro: las farmacéuticas han desarrollado sofisticadas estrategias para influir en decisiones médicas y regulatorias. Desde financiar estudios clínicos hasta pagar viajes, becas o asesorías, el objetivo es posicionar sus productos como “necesarios” o “innovadores”, incluso cuando la evidencia es limitada.

En el caso de enfermedades raras, donde los tratamientos pueden costar cientos de miles de soles por paciente, el incentivo para influir en las recomendaciones es aún mayor. La falta de protocolos, juntas médicas especializadas y transparencia en la compra de medicamentos ha sido señalada por el Tribunal Constitucional como parte de un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema de salud peruano.

🧩 ¿Qué cambia con esta directiva?

La metodología multicriterio busca incorporar no solo el valor terapéutico y económico de una tecnología, sino también su impacto social. Pero para que esta evaluación sea legítima, debe estar libre de presiones externas. La exigencia de declarar intereses es un paso importante hacia la transparencia, aunque su eficacia dependerá de la voluntad política para aplicar sanciones y excluir a quienes no cumplan.

📌 Participación ciudadana

El proyecto ha sido publicado para recibir opiniones, aportes y recomendaciones de la ciudadanía, entidades públicas y privadas. El plazo es de quince días calendario desde su publicación en la sede digital del INS. Los comentarios deben enviarse al correo institucional, utilizando el formato oficial de observaciones.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede el Estado garantizar que las decisiones sobre tecnologías sanitarias respondan al interés público y no al lobby corporativo? Esta directiva sanitaria, aún en fase de consulta, podría marcar un antes y un después en la lucha por una salud pública libre de conflictos de interés.

🧠 Propiedad intelectual y posicionamientos públicos

Los evaluadores deben declarar si poseen conocimientos registrados o patentados sobre sustancias, procesos o tecnologías vinculadas al objeto de evaluación. Asimismo, se exige informar si han emitido opiniones públicas, testimonios o desempeñado cargos que los vinculen con intereses comerciales relacionados, incluso si estas actividades fueron no remuneradas.

Esta cláusula busca evitar que expertos con posturas previas o vínculos institucionales influyan en la recomendación final, sin que ello sea conocido por la ciudadanía.

🧩 Información adicional: el terreno gris de la influencia

El formulario también contempla escenarios más complejos, como:

• Haber trabajado para competidores de la tecnología evaluada
• Acceder a información confidencial que pueda otorgar ventajas comerciales
• Recibir pagos indirectos o financiamiento externo para participar en el proceso
• Emitir comentarios públicos remunerados sobre la tecnología en cuestión
• Cualquier otro antecedente que pueda afectar la independencia del evaluador

Incluso se exige declarar si el resultado de la evaluación podría beneficiar o perjudicar a terceros, incluyendo familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

📜 Compromiso de transparencia

Al firmar el formulario, los participantes se comprometen a:

• Declarar toda la información de manera veraz y completa
• Notificar cualquier cambio durante el proceso de evaluación
• Autorizar la divulgación del resumen de su declaración y las medidas adoptadas por la institución evaluadora

Este último punto es clave: el INS podrá incluir en el informe final de la ETS-EMC un resumen de los conflictos detectados y las decisiones tomadas, lo que representa un avance hacia la rendición de cuentas en el sistema de salud.

⚖️ ¿Un blindaje suficiente?

La exigencia de transparencia es un paso necesario, pero no suficiente. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su reciente fallo sobre enfermedades raras, el sistema de salud peruano enfrenta falencias estructurales en diagnóstico, tratamiento y compra de medicamentos. La captura regulatoria por parte de intereses privados sigue siendo una amenaza latente.

La publicación de esta directiva, aún en fase de consulta, abre una oportunidad para que la ciudadanía, los profesionales de salud y las organizaciones independientes participen activamente en su mejora. Porque cuando se trata de decidir qué medicina vale la pena, el interés público debe estar por encima de cualquier otro.

Por IVÁN ORÉ CHÁVEZ

WHTSP 992463954

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del premio de investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Tercer lugar del II Concurso de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH". Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).