🧾 Chiclayo bajo revisión normativa: INDECOPI declara ilegales dos barreras burocráticas municipales

Por Iván Oré Chávez 992463954

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI ha declarado ilegales las disposiciones contenidas en los artículos segundo y sexto de la Ordenanza Municipal N.º 004-A-99, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La resolución N.º 0325-2025/SEL-INDECOPI, publicada el 15 de agosto de 2025, establece que dichas exigencias vulneran el marco legal vigente en materia de salud pública y ejercicio comercial.

📌 Las barreras burocráticas identificadas son dos:

• La exigencia de obtener el “Carnet de Salud” o “Certificado de Salubridad” para establecimientos que manipulen alimentos.
• La exigencia de contar con el “Certificado de Salubridad” para negocios del giro “Minimarket – Bazar”.

Ambas disposiciones, materializadas en la ordenanza municipal, fueron consideradas ilegales por contravenir el artículo 13 de la Ley General de Salud (Ley N.º 26842), que prohíbe condicionar el ejercicio de actividades comerciales o profesionales a la obtención de carnés sanitarios.

📑 El pronunciamiento de primera instancia, contenido en la Resolución N.º 0004-2025/CEB-INDECOPI-LAM, ya había advertido sobre la incompatibilidad normativa. La resolución final reafirma que la Municipalidad de Chiclayo excedió sus competencias al imponer requisitos no contemplados en el ordenamiento jurídico vigente.

⚖️ Si bien se reconoce la necesidad de proteger la salud pública, el fallo de INDECOPI subraya que dicha protección debe ejercerse dentro de los límites legales establecidos. En ese sentido, se recuerda que los municipios pueden implementar mecanismos de control sanitario, siempre que respeten las competencias atribuidas por la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972), la Ley General de Salud y el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.

🔍 Este caso evidencia una tensión estructural entre la autonomía normativa municipal y el principio de legalidad administrativa. La imposición de requisitos sin sustento legal no solo vulnera derechos económicos, sino que distorsiona el acceso formal al comercio, especialmente en sectores populares y de subsistencia.

La resolución de INDECOPI no solo desactiva una ordenanza obsoleta, sino que reafirma la necesidad de fiscalización normativa en los gobiernos locales. En tiempos de sobrecarga regulatoria y simulación institucional, cada barrera eliminada representa un paso hacia la eficiencia administrativa y la equidad territorial