🗳️ Reforma al Reglamento de Fondos Partidarios: ONPE fortalece transparencia en medios digitales

🗳️ Reforma al Reglamento de Fondos Partidarios: ONPE fortalece transparencia en medios digitales

Resolución Jefatural N.º 000145-2025-JN/ONPE

Oficina Nacional de Procesos Electorales – Perú

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha aprobado una modificación sustancial al artículo 65 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP), incorporando criterios más rigurosos para la inscripción de proveedores de medios, especialmente en el entorno digital. Esta reforma busca blindar la franja electoral frente a conflictos de interés, garantizar la equidad comunicacional y profesionalizar el uso de plataformas digitales en campañas políticas.

🧭 Sustento normativo

La reforma se fundamenta en:

• Ley N.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas (LOP)
• Ley N.º 26487 – Ley Orgánica de la ONPE
• Resolución Jefatural N.º 000030-2025-JN/ONPE, que aprobó el RFSFP
• Artículo 38 de la LOP, sobre adjudicación de espacios en el Portal Digital de Financiamiento (PDF)

📑 Modificación específica del artículo 65

La norma establece requisitos diferenciados para tres tipos de proveedores:

1. 📻 Medios radiales, televisivos y cable nacional

• Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente
• RUC activo y con domicilio habido
• Documento de identidad y ficha registral actualizada
• Licencias y autorizaciones emitidas por el MTC
• Resoluciones ministeriales según jurisdicción
• Tarifa comercial y social
• Otros requisitos que ONPE considere

2. 🌐 Medios digitales (redes sociales)

Agencias de medios deben acreditar:

• Experiencia mínima de 4 años en publicidad digital
• Inversión publicitaria acumulada no menor a 186 UIT en los últimos 4 años

Creadores de contenido, influencers y youtubers deben acreditar:

• Antigüedad mínima de 1 año en redes sociales
• Mínimo de 100,000 seguidores o suscriptores
• Engagement mínimo:

• Facebook/Instagram: ≥ 1.3% (calculado como interacciones totales ÷ seguidores × 100)
• YouTube: ≥ 10,000 visualizaciones promedio por video en los últimos 30 días

🔒 Restricción clave

Los creadores de contenido, influencers y similares no pueden ostentar ni adquirir la condición de candidatos durante el proceso electoral. Esta restricción aplica tanto si se inscriben directamente como si lo hacen a través de agencias. Se acredita mediante declaración jurada.

3. 🏛️ Medios estatales

Exentos de inscripción en el RNP, conforme a la Ley N.º 32069

🏛️ Proceso institucional

La modificación fue sustentada por:

• Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios
• Gerencia General de la ONPE
• Gerencia de Asesoría Jurídica
• Secretaría General

La reforma responde a situaciones advertidas en procesos recientes, donde se identificó la necesidad de blindar el sistema de financiamiento electoral frente a usos indebidos de plataformas digitales por parte de candidatos encubiertos como influencers.

📢 Disposición final y publicación oficial

Al tratarse de una norma jurídica de carácter general, la ONPE dispone su publicación:

• En el Diario Oficial El Peruano
• En el portal web oficial de la ONPE (www.gob.pe/onpe)
• En el Portal de Transparencia, dentro de los tres días de su emisión

🧾 Base legal complementaria

• Ley N.º 26487 – Ley Orgánica de la ONPE, artículos 5 (g y q) y 13
• Reglamento de Organización y Funciones de la ONPE, artículos 11 (q, r y y)
• Decreto Supremo N.º 009-2024-JUS, sobre publicación de normas jurídicas generales

🧩 Implicancias institucionales

Esta reforma representa un avance en la regulación de la publicidad electoral digital, incorporando métricas objetivas de alcance e interacción, y reforzando el rol fiscalizador de la ONPE en el ecosistema comunicacional contemporáneo. Se consolida así un marco normativo que promueve la transparencia, equidad y profesionalización de la franja electoral.

📚 Definiciones operativas

Para efectos de registro y supervisión, se establecen las siguientes definiciones:

• Agencia de medios: Persona natural o jurídica especializada en la difusión de campañas publicitarias, inscrita en Registros Públicos, que actúa como intermediario para contratar espacios en redes sociales.
• Creador de contenido: Persona natural o jurídica que elabora contenido original y atractivo en medios digitales, con el fin de conectar con sus seguidores.
• Influencer: Persona natural o jurídica con capacidad de influir en el comportamiento, decisiones u opiniones de sus seguidores mediante contenidos difundidos en redes sociales.

🧬 Lineamientos para la Adquisición, Producción y Difusión de Material Genético y Reproductores de Ganado Vacuno: Declaración Ministerial y Relevancia Estratégica

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), mediante la Resolución Ministerial N.º 0343-2025-MIDAGRI, aprobó los “Lineamientos para la adquisición, producción y difusión de material genético y reproductores de ganado vacuno”, en el marco de una estrategia nacional orientada a fortalecer la productividad ganadera, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad territorial en el Perú.

📜 Marco Normativo y Político

La resolución se sustenta en un conjunto articulado de instrumentos legales y estratégicos:

• Ley N.º 31075: Define la rectoría del MIDAGRI sobre políticas nacionales agrarias, de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno.
• Política Nacional Agraria 2021–2030: Establece como objetivos prioritarios la integración vertical de productores, la reducción de la subsistencia agraria y el manejo sostenible de recursos naturales.
• PESEM 2024–2030: Plantea como objetivo estratégico el incremento de la productividad de los sistemas agrarios.
• Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017–2027: Promueve la competitividad del subsector pecuario, con énfasis en la pequeña y mediana ganadería.
• Ley N.º 31296: Fomenta el desarrollo de la cadena productiva ganadero-lechera, desde la alimentación hasta la comercialización de productos lácteos.
• Política General de Gobierno 2023–2026: Refuerza los ejes de protección social y reactivación económica, con énfasis en agricultura y seguridad alimentaria.

🐄 Diagnóstico Territorial y Justificación Técnica

Según el Informe Legal N.º 0033-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/DGDG-ROMR, la actividad ganadera representa:

• 40.21% del Valor Bruto de la Producción agropecuaria
• 9.22% en carne y leche de vacuno
• 25% de la Población Económicamente Activa (PEA)
• Abastecimiento del 70% de los alimentos consumidos en el país

Sin embargo, el sector enfrenta desafíos estructurales:

• Baja productividad y limitada adaptación genética en zonas altoandinas
• 67% de productores pecuarios ubicados en la sierra
• 80% de productores de leche operan bajo sistemas de pastoreo
• Genética bovina proveniente de sistemas costeros, con menor habilidad de pastoreo y baja vida útil en altura
• Condiciones geográficas adversas (hipoxia, frío) que afectan la eficiencia productiva

🧠 Objetivo de los Lineamientos

Los lineamientos aprobados buscan:

• Promover el uso de material genético adaptado a condiciones altoandinas
• Fortalecer la producción de reproductores con capacidad de resistencia y eficiencia en zonas rurales
• Impulsar la reconversión productiva y el valor agregado en la cadena ganadera
• Articular estrategias con gobiernos regionales y locales para mejorar la trazabilidad genética y la sostenibilidad del ganado vacuno

🏛️ Función Institucional y Coordinación Intersectorial

La Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGDG), como órgano de línea del MIDAGRI, asume la responsabilidad de:

• Elaborar planes, estrategias y normas para el desarrollo competitivo de productos ganaderos
• Coordinar con sectores e instituciones competentes para garantizar la sostenibilidad comercial y productiva
• Promover la reconversión productiva y el acceso al mercado nacional e internacional

Gracias, Iván. Aquí tienes una versión editorial estructurada del documento técnico, con enfoque normativo, claridad institucional y resignificación territorial, ideal para publicación especializada o columna de análisis:

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🧬 LI N.º 009-2025-MIDAGRI/DVDAFIR-DGDG

Lineamientos para la Adquisición, Producción y Difusión de Material Genético y Reproductores de Ganado Vacuno

🏛️ I. Introducción

Los presentes lineamientos, formulados por la Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGDG), se inscriben en el marco de la Política Nacional Agraria 2021–2030, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2024–2030, y el Plan Nacional de Desarrollo Ganadero 2017–2027, como instrumentos estratégicos para fortalecer la competitividad del subsector pecuario.

La iniciativa responde a los objetivos prioritarios del sector agrario:

• Integración vertical de los productores en la cadena de valor
• Reducción de la subsistencia agraria familiar
• Manejo sostenible de los recursos naturales

Asimismo, se articula con la Ley N.º 31296, que promueve la cadena productiva ganadero-lechera, reconociendo el rol de las entidades públicas en el fortalecimiento de actividades como alimentación, manejo animal, ordeño, procesamiento y comercialización de productos lácteos.

🎯 II. Objeto

Establecer los lineamientos técnicos que regulan la adquisición, producción y difusión de material genético y reproductores de ganado vacuno, en concordancia con los objetivos estratégicos del MIDAGRI.

🌱 III. Finalidad

Promover una mejora genética progresiva y sostenible de la ganadería vacuna en el Perú, asegurando:

• Uso eficiente de los recursos públicos
• Selección adecuada de material genético según cada sistema de producción
• Recopilación de información técnica para investigación y toma de decisiones

🌐 IV. Ámbito de Aplicación

Los lineamientos son de observancia obligatoria para todas las entidades del sector agrario y de riego en los tres niveles de gobierno, vinculadas a la reproducción y mejora genética del ganado vacuno.

Excepción: No aplican al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) cuando se trate de actividades de investigación para innovación genética.

⚖️ V. Base Legal

Nº	Norma	Contenido
a)	Ley N.º 31075	Organización y funciones del MIDAGRI
b)	Ley N.º 31296	Promoción de la cadena ganadero-lechera
c)	D.L. N.º 1059	Ley General de Sanidad Agraria
d)	D.S. N.º 017-2021-MIDAGRI	Política Nacional Agraria 2021–2030
e)	D.S. N.º 010-2022-MIDAGRI	Reglamento Sanitario de Material Genético
f)	R.M. N.º 0065-2024-MINAGRI	PESEM 2024–2030
g)	R.M. N.º 0297-2017-MINAGRI	Plan Nacional de Desarrollo Ganadero
h)	R.M. N.º 0020-2025-MINAGRI	PEI 2025–2030
i)	R.M. N.º 0080-2021-MIDAGRI	Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI
j)	R.D. N.º 0058-2020-MINAGRI-SENASA	Guías de Buenas Prácticas Pecuarias
k)	R.J. N.º 006-2025-INIA	Reglamento de Organización del INIA

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📘 VI. Glosario de Términos Técnicos

Lineamientos LI N.º 009-2025-MIDAGRI/DVDAFIR-DGDG

Adquisición, Producción y Difusión de Material Genético y Reproductores de Ganado Vacuno

Este glosario reúne las definiciones clave utilizadas en el documento, con el fin de garantizar la comprensión técnica y operativa de los lineamientos por parte de las entidades públicas vinculadas al sector ganadero.

🧬 Términos Clave

Nº	Término	Definición
6.1.1	Adquisición	Compra de material genético o reproductores con fines de mejoramiento genético del hato nacional.
6.1.2	Difusión	Propagación de material genético y reproductores desde laboratorios o centros especializados hacia los sistemas productivos.
6.1.3	Evaluación genética	Estimación del valor genético de un animal, basada en pruebas de progenie o evaluaciones genómicas.
6.1.4	Evaluación genómica	Estimación genética mediante marcadores moleculares distribuidos en el genoma.
6.1.5	Genética	Elementos portadores de ADN, incluyendo tanto reproductores como material genético.
6.1.6	Material genético	Células animales con ADN capaces de formar un nuevo ser; incluye semen, ovocitos y embriones.
6.1.7	Mejoramiento genético	Modificación de la frecuencia génica para obtener individuos más productivos y adaptados al sistema.
6.1.8	Producción	Generación de material genético y reproductores en centros especializados para su difusión.
6.1.9	Prueba de progenie	Estimación genética basada en el rendimiento de la descendencia del animal evaluado.
6.1.10	Reproductores	Animales destinados a procrear, con evaluación genética que respalda su aporte al mejoramiento.
6.1.11	Sistema de producción	Conjunto articulado de elementos agropecuarios, influido por factores endógenos (clima, suelo, cultivos) y exógenos (mercado, cultura, tecnología).
6.1.12	Valor genético	Potencial de un individuo para modificar genéticamente una característica específica.

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🧬 Desarrollo Normativo y Disposiciones Complementarias

LI N.º 009-2025-MIDAGRI/DVDAFIR-DGDG

Lineamientos para la Adquisición, Producción y Difusión de Material Genético y Reproductores de Ganado Vacuno

🏛️ VII. Desarrollo Normativo

📌 7.1 Responsabilidades Institucionales

• Dirección General de Desarrollo Ganadero (DGDG)
  Responsable de la correcta aplicación de los lineamientos, soporte técnico, orientación, promoción y difusión en los tres niveles de gobierno.
• Unidades organizativas del MIDAGRI y gobiernos subnacionales
  Deben aplicar los lineamientos en programas y proyectos vinculados a reproducción y mejora genética bovina.
• Remisión de información técnica
  Las entidades responsables deben proporcionar datos a la DGDG y al INIA para verificar cumplimiento y consolidar evidencia técnica.
• Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
  Realiza la prueba de Presión Arterial Pulmonar (PAP) en animales donantes de material genético en altitudes superiores a 2,800 m.s.n.m.
  Consolida y procesa la información técnica nacional sobre mejoramiento genético.
• Intercambio de información
  INIA y las entidades vinculadas deben establecer mecanismos permanentes de intercambio técnico.
• Gobiernos regionales y locales
  Promueven la implementación de la prueba de PAP a través de laboratorios universitarios y privados especializados.

⚙️ 7.2 Consideraciones Técnicas Específicas

• Impacto ambiental
  El material genético y ganado introducido no debe generar efectos negativos en la zona de intervención.
• Adecuación al sistema de producción local
  La genética debe corresponder al sistema alimentario local (estabulado, semi-estabulado o pastoril), considerando eficiencia alimenticia, tamaño corporal y habilidad de pastoreo.
• Adaptación altitudinal
  Para zonas sobre 2,800 m.s.n.m., se exige que los animales tengan valores de PAP ≤ 40 mm Hg, verificados en origen y corroborados tres semanas después de su llegada.
• Condición tropical
  En zonas tropicales (<800 m.s.n.m. en la vertiente oriental o <600 m.s.n.m. en la costa norte), se prioriza genética Bos indicus o cruces con Bos taurus adaptadas, previa opinión técnica del INIA.
• Genética extranjera
  Debe cumplir los mismos criterios técnicos establecidos para genética nacional.
• Valor genético obligatorio
  Todos los reproductores deben contar con evaluación genética (prueba de progenie o genómica), siempre que esté disponible para la raza.
• Aplicación transversal
  Las disposiciones deben considerarse desde la formulación hasta la ejecución de las inversiones en reproducción y mejora genética bovina.

📑 VIII. Disposiciones Complementarias

• Aplicación privada
  Los lineamientos son recomendaciones para entidades privadas con fines comerciales en genética bovina.
• Complementariedad normativa
  Se articulan con el Reglamento Sanitario (D.S. N.º 010-2022-MIDAGRI) y el Reglamento Zoosanitario (D.S. N.º 051-2000-AG).
• Proyectos en curso
  Los lineamientos no aplican a inversiones ya iniciadas al momento de su publicación.
• Resolución de vacíos normativos
  Cualquier aspecto no contemplado será resuelto por la DGDG o su equivalente en el MIDAGRI.
• Financiamiento de pruebas PAP
  Los gastos de movilidad, estadía e insumos para la prueba de PAP serán cubiertos por la entidad solicitante.

📰 Tecnologías de alto costo y conflictos de interés: ¿Quién decide qué medicina vale la pena?

 📰 Tecnologías de alto costo y conflictos de interés: ¿Quién decide qué medicina vale la pena?

INS publica proyecto de directiva para evaluar tratamientos en enfermedades raras, con exigencias inéditas de transparencia

Por Iván Oré

En el marco del proyecto de Directiva Sanitaria publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS), se ha incluido un formulario exhaustivo de declaración de intereses que busca blindar el proceso de evaluación multicriterio (ETS-EMC) frente a posibles conflictos éticos, financieros o corporativos. Esta medida, inédita en su alcance, obliga a los participantes a revelar vínculos que podrían comprometer la objetividad del análisis sobre tecnologías sanitarias de alto costo.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha dispuesto la publicación del proyecto de Resolución que aprueba la Directiva Sanitaria titulada “Metodología para la evaluación multicriterio para generar recomendaciones de uso de tecnologías sanitarias de alto costo para enfermedades raras o huérfanas”. La propuesta, oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000128-2025-INS/PE, incluye un componente clave: la exigencia de declarar intereses privados de quienes participan en el proceso de evaluación.

🧭 ¿Qué está en juego?

Las enfermedades raras o huérfanas afectan a miles de personas en el Perú, muchas de ellas sin acceso a tratamientos adecuados. Las tecnologías sanitarias que podrían mejorar su calidad de vida suelen tener costos elevados y escasa evidencia clínica. Por ello, el Estado debe decidir con rigor qué terapias financiar, qué medicamentos incorporar y qué dispositivos aprobar.

Pero en ese proceso, ¿quién garantiza que las decisiones no estén influenciadas por intereses privados?

📄 Declaración de intereses: una medida contra la captura corporativa

El proyecto de directiva incluye un formulario obligatorio de “Declaración de intereses y compromiso de confidencialidad” para todos los participantes en la Evaluación Multicriterio (ETS-EMC). Este documento exige revelar vínculos con empresas farmacéuticas, consultorías, financiamiento de investigaciones, propiedad intelectual, inversiones y hasta relaciones familiares que puedan influir en la evaluación de una tecnología específica.

Entre los aspectos que deben declararse:

• Empleo o consultoría con entidades comerciales
• Honorarios por conferencias o asesorías técnicas
• Financiamiento directo o indirecto para investigaciones, capacitaciones o congresos
• Participación accionaria o societaria en empresas del sector
• Patentes, marcas o derechos de autor vinculados a la tecnología evaluada

La información será valorada por la institución evaluadora, que podrá excluir al participante si se detecta un riesgo de conflicto de interés.

💊 ¿Cómo se compran voluntades?

Aunque el formulario no lo dice explícitamente, el trasfondo es claro: las farmacéuticas han desarrollado sofisticadas estrategias para influir en decisiones médicas y regulatorias. Desde financiar estudios clínicos hasta pagar viajes, becas o asesorías, el objetivo es posicionar sus productos como “necesarios” o “innovadores”, incluso cuando la evidencia es limitada.

En el caso de enfermedades raras, donde los tratamientos pueden costar cientos de miles de soles por paciente, el incentivo para influir en las recomendaciones es aún mayor. La falta de protocolos, juntas médicas especializadas y transparencia en la compra de medicamentos ha sido señalada por el Tribunal Constitucional como parte de un “estado de cosas inconstitucional” en el sistema de salud peruano.

🧩 ¿Qué cambia con esta directiva?

La metodología multicriterio busca incorporar no solo el valor terapéutico y económico de una tecnología, sino también su impacto social. Pero para que esta evaluación sea legítima, debe estar libre de presiones externas. La exigencia de declarar intereses es un paso importante hacia la transparencia, aunque su eficacia dependerá de la voluntad política para aplicar sanciones y excluir a quienes no cumplan.

📌 Participación ciudadana

El proyecto ha sido publicado para recibir opiniones, aportes y recomendaciones de la ciudadanía, entidades públicas y privadas. El plazo es de quince días calendario desde su publicación en la sede digital del INS. Los comentarios deben enviarse al correo institucional, utilizando el formato oficial de observaciones.

La pregunta de fondo sigue abierta: ¿puede el Estado garantizar que las decisiones sobre tecnologías sanitarias respondan al interés público y no al lobby corporativo? Esta directiva sanitaria, aún en fase de consulta, podría marcar un antes y un después en la lucha por una salud pública libre de conflictos de interés.

🧠 Propiedad intelectual y posicionamientos públicos

Los evaluadores deben declarar si poseen conocimientos registrados o patentados sobre sustancias, procesos o tecnologías vinculadas al objeto de evaluación. Asimismo, se exige informar si han emitido opiniones públicas, testimonios o desempeñado cargos que los vinculen con intereses comerciales relacionados, incluso si estas actividades fueron no remuneradas.

Esta cláusula busca evitar que expertos con posturas previas o vínculos institucionales influyan en la recomendación final, sin que ello sea conocido por la ciudadanía.

🧩 Información adicional: el terreno gris de la influencia

El formulario también contempla escenarios más complejos, como:

• Haber trabajado para competidores de la tecnología evaluada
• Acceder a información confidencial que pueda otorgar ventajas comerciales
• Recibir pagos indirectos o financiamiento externo para participar en el proceso
• Emitir comentarios públicos remunerados sobre la tecnología en cuestión
• Cualquier otro antecedente que pueda afectar la independencia del evaluador

Incluso se exige declarar si el resultado de la evaluación podría beneficiar o perjudicar a terceros, incluyendo familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

📜 Compromiso de transparencia

Al firmar el formulario, los participantes se comprometen a:

• Declarar toda la información de manera veraz y completa
• Notificar cualquier cambio durante el proceso de evaluación
• Autorizar la divulgación del resumen de su declaración y las medidas adoptadas por la institución evaluadora

Este último punto es clave: el INS podrá incluir en el informe final de la ETS-EMC un resumen de los conflictos detectados y las decisiones tomadas, lo que representa un avance hacia la rendición de cuentas en el sistema de salud.

⚖️ ¿Un blindaje suficiente?

La exigencia de transparencia es un paso necesario, pero no suficiente. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en su reciente fallo sobre enfermedades raras, el sistema de salud peruano enfrenta falencias estructurales en diagnóstico, tratamiento y compra de medicamentos. La captura regulatoria por parte de intereses privados sigue siendo una amenaza latente.

La publicación de esta directiva, aún en fase de consulta, abre una oportunidad para que la ciudadanía, los profesionales de salud y las organizaciones independientes participen activamente en su mejora. Porque cuando se trata de decidir qué medicina vale la pena, el interés público debe estar por encima de cualquier otro.

Por IVÁN ORÉ CHÁVEZ

WHTSP 992463954

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del premio de investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Tercer lugar del II Concurso de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH". Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).

🏛️ Columna de Opinión | Neutralidad parlamentaria o campaña encubierta

 🏛️ Columna de Opinión | Neutralidad parlamentaria o campaña encubierta

Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR y el artículo 25-A del Reglamento del Congreso

Por Iván Oré Chávez

La incorporación del artículo 25-A al Reglamento del Congreso, mediante la Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR, no es una modificación aislada ni meramente técnica. Se trata de una maniobra normativa con implicancias directas en el escenario electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, especialmente en el contexto de la reinstauración del Senado y la posibilidad de que congresistas actuales postulen como senadores sin renunciar a sus cargos.

📘 ¿Qué habilita esta norma?

El nuevo artículo 25-A establece que los parlamentarios pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al principio de neutralidad. Aunque prohíbe el proselitismo político durante sesiones del Pleno o comisiones, permite que lo hagan si solicitan licencia sin goce de haber.

En la práctica, esto significa que los congresistas pueden:

• Realizar campaña política durante la semana de representación sin sanción alguna
• Promocionar su imagen y propuestas partidarias desde sus cargos actuales
• Preparar su candidatura al Senado sin renunciar ni perder visibilidad institucional

🧩 ¿Por qué es relevante para la campaña al Senado?

A partir de 2026, el Perú volverá a tener un Congreso bicameral, compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Aunque la ley exige tener 45 años para postular al Senado, se ha aprobado una excepción que permite que congresistas actuales lo hagan sin cumplir ese requisito, lo que ha sido duramente criticado como un privilegio político.

Este nuevo marco genera un escenario desigual:

• Los congresistas en funciones tienen ventaja competitiva frente a nuevos postulantes
• Pueden usar recursos simbólicos, redes sociales y actividades oficiales para posicionarse electoralmente
• La neutralidad institucional se diluye, favoreciendo la perpetuación de élites políticas y la campaña encubierta desde el cargo

📝 Lectura crítica

La modificación reglamentaria forma parte de un reacomodo normativo que busca facilitar la transición de congresistas actuales hacia el nuevo Senado. En lugar de exigir neutralidad estricta, se flexibiliza el marco para que puedan hacer campaña sin renunciar, lo que plantea serios desafíos en términos de equidad electoral, transparencia institucional y renovación política.

La figura de la licencia sin goce de haber, lejos de ser una garantía de imparcialidad, se convierte en una puerta abierta para el uso estratégico del cargo como plataforma electoral. La frontera entre representación política y campaña partidaria se vuelve difusa, y el Congreso corre el riesgo de convertirse en un espacio de autopromoción más que de deliberación pública.

La Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR no solo modifica el reglamento: redefine el equilibrio entre función parlamentaria y ambición electoral. Y en ese tránsito, lo que está en juego no es solo la neutralidad, sino la legitimidad democrática del nuevo Senado.

La incorporación del artículo 25-A al Reglamento del Congreso mediante la Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR tiene una relación directa y estratégica con el contexto electoral de cara a las Elecciones Generales de 2026, especialmente con la reinstauración del Senado y la posibilidad de que congresistas actuales postulen como senadores.

🧭 ¿Qué habilita esta norma?

La norma establece que los parlamentarios pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias sin que ello constituya infracción al principio de neutralidad. Aunque prohíbe el proselitismo político durante sesiones del Pleno o comisiones, permite que lo hagan si solicitan licencia sin goce de haber.

Esto significa que, en la práctica, los congresistas pueden:

• Realizar campaña política durante la semana de representación, sin sanción alguna
• Promocionar su imagen y propuestas partidarias desde sus cargos actuales
• Preparar su candidatura al Senado sin renunciar al Congreso ni perder visibilidad institucional

🧩 ¿Por qué es relevante para la campaña al Senado?

A partir de 2026, el Perú volverá a tener un Congreso bicameral, con 130 diputados y 60 senadores. Aunque la ley exige tener 45 años para postular al Senado, se ha aprobado una excepción que permite que congresistas actuales postulen sin cumplir ese requisito de edad, lo que ha sido criticado como un privilegio político.

Esto genera un escenario donde:

• Los congresistas en funciones tienen ventaja competitiva frente a nuevos postulantes
• Pueden usar recursos simbólicos, redes sociales y actividades oficiales para posicionarse electoralmente
• La neutralidad institucional se diluye, favoreciendo la perpetuación de élites políticas y la campaña encubierta desde el cargo

📝 Lectura crítica

La modificación reglamentaria no es aislada: forma parte de un reacomodo normativo que busca facilitar la transición de congresistas actuales hacia el nuevo Senado. En lugar de exigir neutralidad estricta, se flexibiliza el marco para que puedan hacer campaña sin renunciar, lo que plantea serios desafíos en términos de equidad electoral, transparencia institucional y renovación política.

Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR

Fecha de publicación: El Peruano, jueves 11 de septiembre de 2025

Entidad emisora: Congreso de la República del Perú

Ubicación: Palacio Legislativo, Lima

📘 Contexto normativo

Mediante Resolución Legislativa N.º 001-2025-2026-CR, el Congreso de la República aprobó la incorporación del artículo 25-A en su Reglamento, con el objetivo de optimizar el ejercicio de los derechos políticos de los parlamentarios en el marco de sus funciones representativas.

🧾 Artículo incorporado

Artículo 25-A. Principio de neutralidad respecto de los parlamentarios

“Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad.

Esta disposición no los habilita para realizar actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber.”

🧭 Alcance institucional

• Reconoce el derecho de los congresistas a ejercer su libertad ideológica y partidaria dentro de sus funciones parlamentarias.
• Establece límites claros al proselitismo político durante sesiones oficiales, promoviendo un equilibrio entre representación política y deber institucional.
• Introduce la figura de la licencia sin goce de haber como mecanismo para separar actividades partidarias de funciones legislativas.

📝 Disposición resolutiva

La resolución fue dada en el Palacio Legislativo el 8 de septiembre de 2025 y ordena su publicación, comunicación y cumplimiento conforme al procedimiento parlamentario.

 💧 Columna de Opinión | ¿Tecnificación o hipoteca hídrica?

Ley N.º 32437: entre eficiencia productiva y soberanía territorial

Por Iván Oré Chávez

La reciente promulgación de la Ley N.º 32437, conocida como Ley de Riego Tecnificado, marca un hito normativo en la gestión del recurso hídrico en el Perú. Su objetivo declarado es promover el uso eficiente del agua a nivel parcelario, mediante inversiones públicas y público-privadas que permitan ampliar la frontera agrícola en zonas de secano, pastoreo y tierras eriazas. Sin embargo, bajo su aparente racionalidad técnica, esta norma activa tensiones profundas entre modernización productiva y soberanía hídrica rural.

La Ley N.º 32437, aunque redactada bajo el enfoque de eficiencia y ampliación agrícola, sí podría abrir escenarios de hipoteca simbólica y funcional del agua rural, especialmente si no se regula con criterios de equidad territorial y control comunitario.

Desde una lectura estructural, la ley reemplaza a la derogada Ley N.º 28585 —que creó el Programa de Riego Tecnificado en 2006— y la supera en alcance, actores involucrados y modalidades de financiamiento. Mientras la norma anterior se centraba en la ejecución directa por parte del Estado, la nueva ley distribuye responsabilidades entre gobiernos nacionales, regionales y locales, universidades, comunidades campesinas y organizaciones de usuarios de agua. Además, incorpora mecanismos de financiamiento que incluyen donaciones, endeudamiento externo, cooperación internacional y aportes de contrapartida de los beneficiarios.

Pero esta ampliación normativa no está exenta de riesgos. La obligatoriedad del riego tecnificado en zonas con riego no regulado puede convertirse en una presión estructural sobre comunidades que aún gestionan el agua con sistemas ancestrales, como las cochas, los amunas o los turnos comunales. La tecnificación impuesta sin diálogo territorial ni consulta intercultural puede invisibilizar saberes locales y generar dependencia de tecnologías externas, muchas veces ligadas a intereses corporativos.

Más aún, al promover inversiones público-privadas como vía principal de implementación, la ley corre el riesgo de hipotecar simbólicamente el agua rural. Si el acceso al recurso queda condicionado por la capacidad de cofinanciar proyectos, las comunidades más vulnerables podrían quedar excluidas o subordinadas a lógicas empresariales. En este escenario, el agua deja de ser un bien común para convertirse en un activo regulado por contratos, incentivos y contrapartidas.

La ley también establece disposiciones transitorias que obligan a adecuar proyectos en ejecución o formulación al nuevo marco normativo. Esta medida, aunque necesaria para la coherencia legal, podría paralizar iniciativas comunitarias que no cuenten con asistencia técnica o respaldo institucional. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se compromete a brindar apoyo técnico, pero no se especifican mecanismos de acompañamiento territorial ni garantías de participación efectiva.

En suma, la Ley N.º 32437 representa una oportunidad para modernizar la gestión hídrica en el Perú, pero también plantea desafíos críticos en términos de equidad, autonomía y justicia territorial. La tecnificación del riego no debe convertirse en una hipoteca funcional del agua rural, sino en una herramienta de soberanía hídrica construida desde el territorio, con participación comunitaria, respeto por los saberes locales y control social sobre las inversiones.

La eficiencia hídrica no se mide solo en litros por segundo, sino en dignidad, autonomía y memoria territorial.

🔍 Riesgos potenciales de hipotecar el agua rural

• Condicionalidad por inversión pública-privada: Al promover modalidades mixtas de financiamiento, se corre el riesgo de que el acceso al agua quede supeditado a proyectos con lógica empresarial, desplazando a comunidades campesinas o nativas que no puedan cumplir con requisitos técnicos o de contrapartida.
• Obligatoriedad en zonas de riego no regulado: Esta disposición puede traducirse en presión para adoptar sistemas tecnificados sin considerar la vocación agroecológica del territorio ni la autonomía hídrica de las comunidades.
• Financiamiento por endeudamiento y cooperación internacional: Si no se garantiza que los fondos se canalicen con participación comunitaria, podrían generarse compromisos financieros que hipotecan el uso del agua a largo plazo, especialmente en zonas altoandinas o de secano.
• Desplazamiento de saberes locales: La tecnificación sin diálogo intercultural puede invisibilizar prácticas ancestrales de manejo del agua, como los amunas, las cochas o los sistemas de riego por turnos comunales.

🧭 ¿Hipoteca o soberanía hídrica?

La clave está en cómo se implemente la ley. Si los gobiernos regionales y locales articulan esta norma con mecanismos de participación, control social y reconocimiento de derechos colectivos sobre el agua, puede convertirse en una herramienta de soberanía hídrica. Pero si se aplica como paquete técnico sin consulta ni territorialización, sí puede derivar en una forma de hipoteca funcional del recurso.

Ley N.º 32437 – Ley de Riego Tecnificado

Publicada en El Peruano, jueves 11 de septiembre de 2025

Emitida por: Congreso de la República del Perú

Finalidad: Promover el uso eficiente del recurso hídrico mediante inversiones en riego tecnificado a nivel nacional

🧭 Objeto y finalidad

La Ley N.º 32437 tiene como propósito impulsar el uso eficiente del agua a nivel parcelario, mediante inversiones públicas y público-privadas en riego tecnificado. Esta medida busca:

• Mejorar sistemas de riego existentes
• Ampliar la frontera agrícola en zonas de secano
• Incorporar tierras con aptitud para pastoreo y tierras eriazas con potencial agrícola

📍 Ámbito de aplicación

La ley comprende a los siguientes actores institucionales:

• Gobierno Nacional
• Gobiernos regionales y locales
• Instituciones con fondos públicos (de derecho público o privado)
• Universidades, escuelas técnicas e institutos
• Organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas y nativas

🏛️ Responsabilidades institucionales

• Toda persona natural o jurídica, así como entidades públicas que intervengan en planificación, promoción, formulación o ejecución de inversiones en riego tecnificado, deben cumplir con esta ley y su reglamento.
• Los tres niveles de gobierno están obligados a implementar el riego tecnificado:

• De forma recomendada en zonas con riego regulado
• De forma obligatoria en zonas con riego no regulado

💰 Financiamiento

Las inversiones se financiarán mediante incentivos y diversas fuentes:

• Recursos ordinarios, determinados, donaciones y transferencias
• Aportes sin contraprestación de entidades públicas o privadas
• Endeudamiento interno y externo
• Fondos no reembolsables de cooperación internacional
• Aportes de contrapartida de los beneficiarios

📘 Disposiciones complementarias

Reglamento:

El Poder Ejecutivo aprobará el reglamento mediante decreto supremo refrendado por el MINAGRI, dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor.

Vigencia:

La ley entra en vigor con la publicación de su reglamento.

Implementación:

Gobiernos regionales y locales dictarán medidas conforme a sus competencias. El MINAGRI brindará apoyo técnico.

⏳ Disposiciones transitorias

• Los proyectos en ejecución continúan bajo la normativa vigente al momento de su inicio.
• Los proyectos observados o en fase de formulación deben adecuarse al nuevo marco legal y ser reevaluados.

🧾 Derogación

Se deroga la Ley N.º 28585, que creó el anterior Programa de Riego Tecnificado.

Esta ley representa un avance estratégico en la gestión hídrica territorial, articulando inversión, sostenibilidad y equidad en el acceso al agua para uso agrícola. 

La nueva Ley N.º 32437 reemplaza y amplía el marco de la derogada Ley N.º 28585, que creó el Programa de Riego Tecnificado. Aquí les presento una columna comparativa con enfoque técnico y territorial:

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💧 Columna Comparativa | ¿Qué cambia con la Ley N.º 32437 frente a la Ley N.º 28585?

🧭 Enfoque general

Aspecto	Ley N.º 28585 (2006)	Ley N.º 32437 (2025)
Nombre	Crea el Programa de Riego Tecnificado	Ley de Riego Tecnificado
Naturaleza	Programa específico	Marco legal integral
Vigencia	Derogada	En vigor desde reglamento
Finalidad	Promover riego tecnificado en zonas agrícolas	Impulsar inversiones públicas y público-privadas para ampliar frontera agrícola y mejorar eficiencia hídrica

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🧪 Alcance institucional

Aspecto	Ley N.º 28585	Ley N.º 32437
Actores	MINAGRI y gobiernos regionales	Gobierno nacional, regional, local, universidades, comunidades, usuarios de agua
Modalidades	Ejecución directa del programa	Inversión pública y público-privada
Responsabilidad	Centralizada en el Ejecutivo	Distribuida entre niveles de gobierno y actores técnicos

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💰 Financiamiento

Aspecto	Ley N.º 28585	Ley N.º 32437
Fuentes	Presupuesto público y cooperación	Recursos ordinarios, donaciones, endeudamiento, cooperación internacional, aportes de beneficiarios
Incentivos	No especificados	Sí, mediante mecanismos de incentivo para inversión

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📘 Innovaciones clave en la Ley N.º 32437

• Introduce la obligatoriedad del riego tecnificado en zonas con riego no regulado
• Establece responsabilidad compartida entre personas naturales, jurídicas y entidades públicas
• Amplía el ámbito a tierras eriazas, de pastoreo y agricultura de secano
• Incluye disposiciones transitorias para adecuar proyectos en ejecución y observados
• Deroga expresamente la Ley N.º 28585 para consolidar un nuevo marco normativo

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 🌱 Columna Técnica | Resolución Directoral N° D000032-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV

Título: SENASA amplía vigencia de requisitos fitosanitarios para importación de semillas de tomate

Fecha de publicación: El Peruano, jueves 11 de septiembre de 2025

Entidad emisora: Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA

Ubicación: La Molina, Lima

📄 Contexto normativo

Mediante Resolución Directoral N° D000032-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) dispuso la ampliación del periodo de vigencia de los requisitos fitosanitarios para la importación de semillas de tomate (Solanum lycopersicum) provenientes de 30 países, por un plazo adicional de 180 días calendario, con eficacia a partir del 11 de septiembre de 2025.

Esta medida se sustenta en el Informe Técnico N° D000115-2025 elaborado por la Subdirección de Cuarentena Vegetal, en coordinación con diversas Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), en el marco de la Ley General de Sanidad Agraria (D.L. N° 1059) y el Reglamento de Organización y Funciones de SENASA (D.S. N° 008-2005-AG).

🧪 Fundamentación técnica

• Prevención fitosanitaria:
  La ampliación busca evitar el ingreso y dispersión de plagas reglamentadas que podrían afectar la agricultura nacional, mientras se consolidan medidas específicas por país.
• Marco legal aplicable:
• Art. 12 del D.L. N° 1059: Regula el ingreso de productos vegetales bajo control fitosanitario.
• Art. 26 literal b) del ROF de SENASA: Faculta a la Dirección de Sanidad Vegetal a emitir resoluciones sobre requisitos fitosanitarios.
• Resoluciones previas:

• RD N° D000009-2024-MIDAGRI-SENASA-DSV: Estableció requisitos por 360 días.
• RD N° D000011-2025-MIDAGRI-SENASA-DSV: Amplió por 180 días adicionales.
• RD actual: Extiende nuevamente por 180 días calendario.

🌍 Países comprendidos

La medida aplica a semillas de tomate provenientes de:

Australia, Chile, China, Corea del Norte, Corea del Sur, EE.UU., Francia, Guatemala, India, Israel, Italia, Japón, Kenia, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Pakistán, Sudáfrica, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Turquía, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Laos, Vietnam, Bolivia y Letonia.

📘 Disposición resolutiva

Artículo 1.

Se amplía la vigencia de los requisitos fitosanitarios establecidos en la RD N° D000009-2024 por 180 días calendario, con eficacia desde el 11 de septiembre de 2025.

Artículo 2.

Se dispone la publicación de la presente resolución en el portal institucional de SENASA (www.gob.pe/senasa), el mismo día de su publicación en El Peruano

Por Iván Oré Chávez

WHTSP 992463954

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del premio de investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Tercer lugar del II Concurso de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH". Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM)

 🧭 Columna de Opinión Técnica | Ordenanza N° 229-2022-CR/GR CUSCO. Lengua, norma y territorio: el quechua pentavocal como eje de institucionalidad regional.

Por Iván Oré Chávez

WHTSP 992463954

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del premio de investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Tercer lugar del II Concurso de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH". Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM)

La Ordenanza Regional N° 229-2022-CR/GR CUSCO no constituye únicamente una disposición ceremonial. Su alcance normativo, institucional y territorial la convierte en un instrumento de reconfiguración simbólica del espacio público regional. Al disponer el uso obligatorio del idioma quechua pentavocal —o del idioma predominante en cada comunidad— en la entonación del Himno Nacional y el Himno al Cusco, la norma activa una política lingüística de restitución, inclusión y soberanía cultural.

Desde una lectura técnica, el sustento jurídico de esta ordenanza es robusto y multiescalar. Se articula con el Artículo 2º de la Constitución Política del Perú, que garantiza la identidad étnica y la no discriminación por idioma; con el Artículo 48º, que reconoce como oficiales las lenguas originarias; y con el marco descentralizador de los Artículos 188º y 191º, que otorgan autonomía normativa a los gobiernos regionales. A ello se suman tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan al Estado a garantizar el uso del idioma indígena en actos públicos.

La norma también se enmarca en la Ley N° 29735, que regula el uso y promoción de lenguas originarias, y en la Ley General de Educación N° 28044, que establece la interculturalidad como principio rector. En conjunto, estos dispositivos configuran una arquitectura legal que legitima la oficialización funcional del quechua en el ámbito regional.

Pero más allá del respaldo normativo, la ordenanza despliega una estrategia institucional concreta:

• Incentiva el dominio del idioma originario en concursos públicos (Art. 2).

• Obliga a las entidades regionales a atender en la lengua predominante del pueblo (Art. 3).

• Exige capacitaciones lingüísticas para servidores públicos (Art. 4).

• Establece su vigencia inmediata tras publicación oficial (Art. 6).

Estas disposiciones no son simbólicas. Son operativas. Y al ser aprobadas por mayoría en el Pleno del Consejo Regional, con dictamen técnico de la Comisión de Comunidades Campesinas y Nativas, adquieren legitimidad representativa y territorial.

Desde una perspectiva de gestión pública, la ordenanza activa competencias compartidas en materia cultural (Ley N° 27783, Art. 36º) y funciones específicas asignadas a la Gerencia Regional de Desarrollo Social (Ley N° 27867, Art. 29°-A). Además, se alinea con los principios rectores de inclusión, equidad y desarrollo sostenible definidos en los artículos 4º, 6º y 8º de la misma ley.

En suma, esta norma no solo reconoce el idioma como vehículo de identidad. Lo convierte en criterio de acceso, atención y formación institucional. Y al hacerlo, transforma la lengua en política pública, el símbolo en norma, y el territorio en sujeto jurídico.

La oficialización del quechua pentavocal en actos públicos no es una concesión cultural. Es una afirmación normativa de que la institucionalidad regional puede y debe hablar en la lengua de su pueblo.

🏛️ Columna crítica | SBS en reconfiguración orgánica. CIBERVIGILANCIA DE YAPES ¿Modernización regulatoria o blindaje tecnocrático del sistema financiero?

🏛️ Columna crítica | SBS en reconfiguración orgánica. CIBERVIGILANCIA DE YAPES ¿Modernización regulatoria o blindaje tecnocrático del sistema financiero?

Por IVÁN ORÉ CHÁVEZ

WHTSP 992463954

Abogado. Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de San Marcos. Premio I Concurso de Investigación Jurídica de la Convención Nacional de Derecho Constitucional (CONADEC 2003). Primer lugar del premio de investigación VII Taller "La Investigación Jurídica: un reto para la Universidad moderna" Facultad de Derecho y Ciencia Política UNMSM en categoría tesistas (2004). Tercer lugar del II Concurso de artículos de investigación jurídica "La familia desde la perspectiva de los DDHH". Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la Comisión de Magistrados del Área de Familia del Año 2009, la Corte Superior de Justicia de Lima, y el Centro de Investigaciones Judiciales. Miembro de la nómina de colaboradores de la Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas “Nómadas” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología - Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La Resolución SBS N.º 03206-2025 oficializa una nueva modificación a la estructura orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), consolidando un diseño institucional más complejo, segmentado y tecnificado. Aunque se presenta como una actualización funcional, la reconfiguración revela una arquitectura de control que refuerza la centralidad del aparato financiero, sin mecanismos claros de fiscalización ciudadana ni democratización regulatoria.

🧭 Finanzas abiertas: ¿inclusión o expansión del modelo fintech?

La creación del nuevo Departamento de Finanzas Abiertas, adscrito directamente al Despacho de Alta Dirección, marca un giro estratégico hacia la implementación de un modelo de interoperabilidad financiera. Este enfoque, inspirado en tendencias globales, busca facilitar el acceso a datos bancarios por parte de terceros autorizados, promoviendo productos más competitivos.

Pero en ausencia de una ley específica de protección de datos financieros, ¿Quién controla el uso de esta información? La inclusión financiera se convierte en argumento técnico para expandir el ecosistema fintech, sin garantías de soberanía digital ni protección del usuario vulnerable.

🛡️ Ciberseguridad: cambio nominal sin estrategia pública

El cambio de nombre del Departamento de Seguridad Informática a Departamento de Ciberseguridad busca reflejar mejor sus funciones. Sin embargo, no se acompaña de una política pública de ciberdefensa financiera, ni de protocolos de transparencia sobre incidentes, vulnerabilidades o filtraciones. La ciberseguridad se institucionaliza, pero permanece blindada dentro del aparato técnico, sin articulación con la ciudadanía ni con organismos de control externo.

🧬 Fragmentación funcional: intendencias como dispositivos de especialización

La nueva estructura incluye más de 30 intendencias distribuidas entre banca, seguros, pensiones, cooperativas e inteligencia financiera, además de departamentos de análisis, regulación, riesgos y conducta de mercado. Esta hipersegmentación refuerza la especialización técnica, pero también dificulta la fiscalización transversal, generando silos institucionales que operan con autonomía funcional y bajo supervisión jerárquica cerrada.

⚠️ Conclusión crítica: arquitectura institucional sin contrapeso ciudadano

La modificación orgánica de la SBS configura una superestructura regulatoria que refuerza el control tecnocrático sobre los sistemas financieros, sin mecanismos de participación ciudadana ni fiscalización pública. La inclusión financiera, la ciberseguridad y la supervisión actuarial se convierten en dispositivos de legitimación técnica, pero no garantizan transparencia, equidad ni soberanía financiera.

Algunas fintech destacadas en Perú son Yape y Plin (pagos y remesas), Kambista y Rextie (cambio de divisas), Prestamype (crédito digital para pymes) y Culqi (pasarelas de pago). También figuran Hapi (acceso al mercado de valores), Innova Funding (financiamiento para pymes), y Tappoyo (créditos para mujeres rurales).