El caso Hacienda Pro: propiedad vs. posesión
Bienvenidos a este episodio donde exploramos uno de los litigios más complejos sobre propiedad y posesión en Lima Norte: el expediente N.º 1619‑2018, seguido por la Asociación de Vivienda de Trabajadores Adjudicatarios de la Hacienda Pro contra María y la sucesión de Luis. Un caso que nos lleva a reflexionar sobre el choque entre el derecho registral y la realidad social de los asentamientos humanos.
La historia comienza en 2018, cuando la Asociación interpone una demanda de reivindicación. Su argumento era claro: tenían inscrito el derecho de propiedad en la Partida P01173402 del Registro de Predios de Lima. Sin embargo, los demandados ocupaban el lote desde finales de los años ochenta, alegando adjudicación por la Junta Directiva del Asentamiento Humano Los Olivos de Pro, empadronamientos municipales y de COFOPRI, además de pagos de tributos y servicios básicos. En primera instancia, el Juzgado Civil de Los Olivos dio la razón a la Asociación, declarando fundada la demanda y ordenando la restitución del lote o el pago de su valor comercial.
Pero en 2021, la Segunda Sala Civil Permanente revocó esa decisión. Consideró que la posesión prolongada de los demandados, respaldada por leyes de expropiación y saneamiento físico‑legal como la Ley 25314 y la Ley 26264, era suficiente para desestimar la reivindicación. En otras palabras, el título registral no bastaba frente a la realidad de más de veinte años de ocupación. Sin embargo, la Corte Suprema, en 2024, anuló esa sentencia de vista por falta de motivación y ordenó que se pidieran informes oficiales a SUNARP, COFOPRI y la Municipalidad de Lima para verificar si realmente se había concluido el proceso de expropiación.
En 2025, tras recibir los oficios, la Sala Civil emitió la Sentencia de Vista N.º 29. Por mayoría, confirmó la decisión de primera instancia: la reivindicación era procedente. El fundamento fue contundente: el proceso de expropiación N.º 1099‑1998, seguido por la Municipalidad de Lima contra Urbanizadora Pro y otros, aún no había concluido. No existía decisión firme que produjera el efecto traslativo de dominio. Por tanto, la Asociación mantenía su derecho de propiedad registral. La posesión prolongada, aunque legítima en apariencia, no generaba título suficiente. Sin embargo, hubo un voto singular del magistrado Torres López, quien defendió que debía declararse infundada la demanda, ponderando la función social de la propiedad y la expectativa de prescripción adquisitiva de los demandados.
Finalmente, en julio de 2025, el recurso de casación interpuesto por María Francisca Rubio Vargas fue rechazado por extemporáneo. Con ello, la sentencia de primera instancia quedó firme: la Asociación de Vivienda de Trabajadores Adjudicatarios de la Hacienda Pro mantiene su derecho de propiedad y puede reivindicar el lote. Mientras tanto, el proceso de expropiación N.º 1099‑1998 sigue su curso en el 15.º Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, con 25 tomos de historia judicial que aún esperan resolución definitiva.
Este caso nos deja una enseñanza poderosa: en el Perú, la tensión entre propiedad formal y posesión social sigue siendo un terreno de disputa. La reivindicación protege al propietario registral, pero la justicia social y el derecho a la vivienda digna plantean desafíos que los jueces deben ponderar. La Hacienda Pro es, en ese sentido, un espejo de los conflictos urbanos que marcan nuestra historia contemporánea.
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